Impacto del aumento del salario mínimo en Colombia para 2026: Implicaciones para las empresas y sus servicios jurídicos

El aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 ha generado un amplio debate en el sector empresarial, pues se trata de un aumento desmedido y alejado de la realidad económica y productiva del país.

Con un incremento cercano al 23%, frente a un IPC aproximado del 5,2% y un crecimiento de la productividad cercano al 1,5%, la brecha entre costos laborales y capacidad real de generación de valor se ve ampliada de forma significativa, trasladando este costo al tejido empresarial colombiano, el cual está compuesto principalmente por MiPymes, donde los márgenes operacionales no suelen ser altos, y la nómina suele ser el gasto principal.

Este escenario incrementa la presión financiera sobre estas empresas y obliga a revisar decisiones operativas, contractuales y jurídicas, así como la forma en que se estructuran y priorizan los servicios de acompañamiento legal.

El objetivo de este artículo es analizar las principales implicaciones y posibles consecuencias de este aumento.

Impacto del aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 en nómina

El efecto más inmediato (y obvio) se refleja en el aumento directo de la nómina de los trabajadores que devengan salario mínimo, cuyo costo se incrementa en el mismo porcentaje del ajuste decretado. En ese sentido, las empresas que cuentan con nóminas compuestas por salarios equivalentes al mínimo (como es habitual en las MiPymes) verán sus costos laborales incrementados en un 23%, un aumento bastante considerable.

Sin embargo, el impacto no se limita únicamente a este grupo, aquellos trabajadores que se encontraban ligeramente por encima del salario mínimo de 2025 (1.423.500 COP), por ejemplo con ingresos cercanos a 1.600.000 COP, también deben ser ajustados para no quedar por debajo del nuevo umbral, lo que amplía el impacto salarial más allá del salario mínimo.

Impacto en las prestaciones sociales

Asimismo, el aumento del salario mínimo también incide de forma directa en las prestaciones sociales. No solo se incrementan las prestaciones de quienes devengan el mínimo, sino que se amplía el número de trabajadores cobijados por prestaciones asociadas a los dos salarios mínimos, como el auxilio de transporte, de conectividad (que a su vez es factor prestacional) y la dotación.

En números, para 2026 los trabajadores que devenguen menos de 3.500.000 COP tendrán derecho a auxilio de transporte y dotación, cuando anteriormente en 2025 este rango se encontraba en 2.847.500 COP.

Esto genera un efecto acumulativo que eleva el costo laboral total, incluso en estructuras empresariales que no cuentan con una alta proporción de empleados con salario mínimo.

Impacto en contratos de arrendamiento de local comercial indexados al salario mínimo

En aquellos contratos de arrendamiento de local comercial que se encuentran indexados al salario mínimo, el incremento se traslada de forma automática al canon mensual.

A diferencia de los contratos de arrendamiento de vivienda urbana, no existe una norma que limite este ajuste al IPC, por lo que el aumento en locales comerciales puede alcanzar el mismo 23%.

Para muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas, este ajuste representa una carga significativa sobre un costo fijo esencial para la operación.

Impacto en contratos con proveedores indexados al salario mínimo

Un efecto similar se presenta en contratos con proveedores cuyos precios están referenciados al salario mínimo. Servicios de vigilancia, aseo, mensajería u otros contratos operativos pueden experimentar incrementos equivalentes al ajuste salarial, elevando los costos generales de la empresa sin que exista necesariamente un aumento proporcional en ingresos o productividad.

Impacto en los servicios jurídicos tradicionalmente tasados en salarios mínimos

De manera tradicional, muchos servicios jurídicos en Colombia han sido valorados en salarios mínimos. En este contexto, el aumento del salario mínimo también encarece automáticamente estos servicios, incluso cuando la complejidad, el alcance o el valor real del servicio no han variado.

Esto genera una percepción de incremento desproporcionado en los costos legales, llevando a muchas empresas a cuestionar su continuidad o a postergar decisiones jurídicas relevantes.

Posibles medidas de contención

Teniendo en cuenta este panorama, es apenas lógico que las empresas implementen medidas de contención para garantizar su sostenibilidad y la protección de empleos formales en el país, siendo las más comunes las siguientes:

Aumento de precios de productos y servicios

Una de las respuestas habituales frente al incremento de costos es el aumento de precios. Sin embargo, esta medida no siempre es viable, especialmente en mercados sensibles al precio o altamente competitivos, donde trasladar el costo al consumidor puede afectar el volumen de ventas y la sostenibilidad del negocio.

Recortes de nómina

Cuando los márgenes no permiten absorber el aumento de costos, algunas empresas optan por reducir personal. En estos escenarios, el personal administrativo y los servicios de apoyo suelen ser los primeros en verse afectados, incluyendo áreas jurídicas internas o asesorías externas, bajo la lógica de priorizar la operación principal del negocio.

Reducción de costos no esenciales para la operación

Otra medida frecuente es la eliminación o suspensión de gastos considerados no esenciales, como ciertos contratos de arrendamiento, servicios externos o asesorías profesionales. En este proceso, los servicios legales suelen percibirse como un gasto prescindible en el corto plazo, pese a su relevancia estratégica.

Riesgos de prescindir de los servicios legales

Si bien el recorte de gastos legales es una decisión comprensible en este contexto, conviene analizar fríamente si resulta una opción viable. Los principales riesgos de la falta de acompañamiento legal son los siguientes:

Pérdida de seguridad jurídica

La ausencia de asesoría legal reduce el enfoque preventivo y proactivo en la gestión de riesgos. Sin acompañamiento jurídico, las empresas quedan expuestas a contingencias laborales, contractuales y societarias que pueden materializarse en sanciones, litigios o costos significativamente mayores.

Falta de acompañamiento en decisiones relevantes

Muchas decisiones empresariales tienen implicaciones jurídicas relevantes. Tomarlas sin asesoría especializada incrementa el riesgo de errores que pueden afectar la estabilidad del negocio, especialmente en contextos de presión financiera y reestructuración interna.

Incremento de costos cuando se vuelve necesario contratar servicios jurídicos

El recorte de gastos en servicios legales no elimina la necesidad jurídica, sino que la posterga. Cuando el riesgo se materializa, las empresas suelen verse obligadas a contratar servicios jurídicos puntuales, generalmente más costosos, reactivos y con menor margen de maniobra que un acompañamiento preventivo.

Con base en esto, puede verse como en la práctica recortar los servicios legales puede resultar más costoso a largo plazo, sin embargo, los servicios legales también deben ser conscientes de la realidad empresarial en Colombia en 2026, teniendo en cuenta el incremento de costos derivados del aumento del salario mínimo.

Acompañamiento Integral Empresarial: Una opción justa y transparente

En este contexto, JG Lawyers ofrece una alternativa alineada con la realidad empresarial actual.

Nuestros servicios no se encuentran indexados al salario mínimo, lo que permite evitar incrementos automáticos que no responden al alcance real del servicio ni a las necesidades específicas de cada empresa, brindando mayor previsibilidad y control sobre los costos legales.

Adicionalmente, el sistema de Acompañamiento Integral Empresarial por créditos jurídicos permite a las empresas contar con flexibilidad, previsibilidad y eficiencia en el uso de los servicios legales, maximizando el valor de cada crédito incluso en escenarios de ajuste y contención de costos.

Este enfoque permite mantener la seguridad jurídica del negocio sin trasladar de forma automática los efectos del aumento del salario mínimo a los costos legales, ofreciendo una solución sostenible y adaptada a las necesidades reales de cada empresa.

El aumento del salario mínimo impacta mucho más que la nómina. Decisiones laborales, contractuales y operativas requieren hoy un análisis jurídico preventivo para evitar costos mayores en el futuro.

En JG Lawyers ofrecemos un sistema de Acompañamiento Integral Empresarial por créditos jurídicos, diseñado para que las empresas cuenten con asesoría legal flexible, previsible y no indexada al salario mínimo.

Conoce el Sistema AIE de JG Lawyers

Preguntas frecuentes

¿El aumento del salario mínimo afecta solo a las empresas con trabajadores que ganan el mínimo?

No. Aunque el impacto inicial se da sobre los trabajadores que devengan el salario mínimo, el efecto se extiende a empleados que quedan por debajo del nuevo umbral, a las prestaciones sociales asociadas, a contratos indexados al salario mínimo y a servicios que tradicionalmente se tasan bajo esta referencia.

 

¿Es viable prescindir de la asesoría legal en periodos de ajuste de costos?

Puede parecer una medida razonable en el corto plazo, pero implica riesgos relevantes. La falta de acompañamiento legal reduce la capacidad preventiva de la empresa y suele traducirse en mayores costos cuando surgen contingencias laborales, contractuales o societarias que requieren intervención urgente.

¿Cómo ayuda el acompañamiento legal a mitigar el impacto del aumento del salario mínimo?

Un acompañamiento jurídico adecuado permite anticipar riesgos, ajustar contratos, revisar estructuras laborales y tomar decisiones informadas. Esto reduce la probabilidad de sanciones, conflictos y gastos imprevistos, especialmente en contextos de presión financiera.

¿En qué se diferencia el sistema AIE de un servicio jurídico tradicional?

El sistema AIE por créditos jurídicos ofrece previsibilidad, flexibilidad y eficiencia. No está indexado al salario mínimo y permite a las empresas utilizar los créditos según sus necesidades reales, evitando incrementos automáticos y maximizando el valor del acompañamiento legal en momentos de ajuste económico.